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El Tribunal Europeo considera ilegal el canon digital

• Desde 2012 la tasa se sufraga con los Presupuestos Generales del Estado


• Las entidades con el cambio de ley pasaron de percibir 115 millones en 2011 a 5 millones en 2012

Por Alejandra Glez. Noda | Santa Cruz de Tenerife

El anterior canon gravaba la compra de CD y DVD vírgenes, entre otros productos. | © Pixbay
La Unión Europea a través de su Tribunal de Justicia ha dictaminado que el canon digital tal como se aplica en España es ilegal. Para este tribunal no se asegura que quienes participan en el gravamen sean los que estén haciendo efectiva la excepción de la "copia privada" ya que a los Presupuestos Generales del Estado no solo van los impuestos de las personas físicas sino también los de personas jurídicas.

El cambio del PP en la ley del Canon digital o canon por copia privada supuso que ya no eran los usuarios los que sufragan este impuesto a través de un impuesto a la compra. Pasó a ser medido y establecido cada año por una partida de los Presupuestos Generales del Estado. Así se pretendía compensar a los autores por los perjuicios que les ocasionaba el uso de los particulares de los derechos de autor. La revisión de la Unión Europea se produjo después de que tres de las entidades que reciben la compensación solicitaran al Tribunal Europeo que anulara la normativa. Una de las cusas es el cambio de las cantidades a percibir que afirman no son suficientes. Según ellas tampoco ha bajado el precio de los productos tecnológicos que estaban sujeto al anterior canon tras su retirada.

La compensación a los derechos de autor es necesaria porque a pesar de que la UE prohíbe la copia sin permiso de obras con estos derechos o derivados. Desde 2001 establece a los países la potestad de establecer la excepción cuando se realiza por personas privadas, para uso privado y sin fines comerciales ("excepción de copia privada"). Para compensar las pérdidas que esto pueda suponer para los titulares de estos derechos es necesaria una compensación. Lo reciben los autores por esas supuestas copias, siempre y cuando estén acogidos a alguna entidad de gestión de derechos de autor. 

"El sistema de financiación de la compensación equitativa con cargo a los Presupuestos Generales del Estado no puede garantizar que el coste sólo sea sufragado, en último término, por los usuarios de copias privadas", dice la sentencia. Además aclara que "las personas jurídicas están excluidas del derecho a acogerse a esta excepción" por lo que no deben pagar la compensación.

Ahora cuando se establezca el nuevo Gobierno de España habrá que establecer un nuevo sistema para realizar esta retribución que cumpla con la normativa europea y con la casi imposible tarea de contentar a todas las partes. 
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